3. La responsabilidad penal del enfermero a la luz del Real Decreto 954/2015.

  1. Breve introducción a la responsabilidad penal del enfermero. La negligencia y el dolo. La autoría penal.

Antes de entrar en esta materia, es necesario apuntar someramente que, dadas las limitaciones que un estudio de estas características impone, las referencias que se harán en relación con los aspectos de la teoría general del Derecho Penal serán apenas un apunte, con la finalidad de poder introducir el tema que nos ocupa. De hecho, sería poco prudente considerar que la referencia a las figuras de la culpa y el dolo pueden ser tratadas en profundidad en los párrafos siguientes. Téngase, entonces, como un acercamiento a estos elementos subjetivos, sobre los que se desarrollará posteriormente una explicación más extensa -dentro, nuevamente, de los límites de este trabajo- en el seno de los estudios de los delitos de intrusismo profesional y omisión del deber de socorro.

Dicho esto, a la hora de hablar de los elementos subjetivos de la acción penal nos debemos referir a la intención y la imprudencia, más comúnmente denominados dolo y culpa, respectivamente. En esta línea, podemos aproximarnos al concepto psicológico del dolo, como recuerda Landecho Velasco, et al., (1996),  como aquella acción que lleva a cabo una persona que actúa sabiendo lo que hace y que quiere hacerlo. Entendiendo, entonces, que en su seno podemos encontrar un elemento intelectual y un elemento volitivo. De tal manera que, por un lado, la persona debe tener pleno conocimiento de los hechos que realiza, tanto en la actividad como en los resultados, conociendo además el proceso causal que desencadenan dichos actos y sus consecuencias; y, por otro lado, la existencia de la voluntad de llevar a cabo dichos actos, es decir, debe, el sujeto, tomar la decisión de ejecutar dicha acción, sobre la base del conocimiento antedicho. Solo así podemos estar en disposición de considerar que el motor subjetivo de una acción determinada puede hallarse en la figura del dolo.

Por contra, de la culpa, denominada también negligencia, asegura Landecho Velasco, et. al. (1996), que es la acción que lleva a cabo quien pudo, al menos, prever “el influjo de su conducta en el mundo circundante y, aunque esperaba que no se produjese, omitió el cuidado que lo hubiese impedido”. En otras palabras, entendida así, la culpa vendría a suponer el nivel mínimo dependiente de la voluntad del sujeto al obrar, ya que, por debajo de ella solo podríamos hablar del caso fortuito, y, por definición, independiente de la voluntad humana.

Ahora bien, la pregunta que se nos suscita entonces es ¿qué importancia jurídica tienen la culpa y la negligencia para el derecho penal? La respuesta viene directamente relacionada con el tenor del artículo 5 del Código Penal que establece que: “no hay pena sin dolo o imprudencia”. Para entenderlo, es necesario acudir, irremediablemente, a una tercera figura no tratada aún: la de la tipicidad. Esto es, el hecho de que una conducta determinada es contraria a la ley penal, más concretamente a un tipo penal. Con este principio, para que exista un delito es necesario que se den todos y cada uno de los elementos que se recogen en cada una de las descripciones de los hechos que el Código Penal considera delitos. Con independencia de que tendremos ocasión de valorar con más profundidad estos elementos en cada uno de los tipos penales que, en relación con la profesión enfermera, analizaremos en los siguientes epígrafes, podemos adelantar en este momento, y a modo de ejemplo, que si el delito de intrusismo reconocido en el artículo 403 del código penal establece que los elementos del tipo son: a) ejercer actos propios de una profesión, b) sin poseer el correspondiente título académico, expedido o reconocido en España; y, c) desarrollar una profesión, d) sin el título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilitante legalmente para su ejercicio; quien lleve a cabo una conducta que no recoja todos y cada uno de dichos elementos, no estaría incurriendo en el tipo penal de intrusismo del referido artículo.

Este hecho nos lleva a rescatar en este momento el principio de mínima intervención del derecho penal, por el cual, el derecho penal se configura como la última ratio, o la última opción que tiene el ordenamiento jurídico para responder ante hechos que pueden atentar contra la justicia material. Por tanto, y en virtud de este principio, no cualquier error o acción dolosa llevada a cabo por un enfermero debe ser considerado delito. Y es por ello que el estudio de la culpa y del dolo se hacen necesarios, toda vez que vendrán a determinar, en los casos en que existan elementos subjetivos del tipo, la frontera entre la existencia o no de un delito penalmente perseguible.

Aparte de todo ello, es necesario, a efectos de fomentar la cohesión del presente trabajo, apuntar que los delitos que serán tratados a continuación son únicamente dos: el delito de intrusismo profesional, y el delito de omisión del deber de socorro. En efecto, entendemos que los delitos que pudieran ser tangenciales a la labor enfermera no son solamente estos, podríamos pensar en posibles lesiones -que, por cierto, su estudio en relación con la enfermería podría ser interesante, toda vez que el desarrollo normativo relacionado con él presenta condicionantes relacionados con aquellas lesiones generadas por negligencia profesional-, o, incluso, en el delito de homicidio. Sin embargo, hemos decidido acotar el estudio que nos ocupa a aquellos delitos que están relacionados de manera directa con las consecuencias penales que podrían desplegarse por el incumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre. Y es que, a pesar de que cualquier incumplimiento de lo establecido en el referido Real Decreto pudiera desembocar en lesiones al paciente o, incluso, en su muerte, lo cierto es que estos delitos tipifican un resultado que debería venir de la mano de una mala praxis -sea dolosa o imprudente- no necesariamente vinculada por un incumplimiento del referido Real Decreto. De hecho, entendemos que dicha normativa marca dos límites claros al enfermero entre los cuales se debe mover, pudiendo incurrir en responsabilidad tanto por exceso -incumplimiento del Real Decreto en el uso de medicamentos por parte del enfermero-, como por defecto – inmovilidad del enfermero, por efecto de la existencia del Real Decreto, con grave perjuicio para el paciente, por su inactividad en un momento en que debe actuar por razón de su profesión-. Por lo que las lesiones o el homicidio deberían de encuadrarse, en este escenario, como indeseados efectos de aquellos, pero no necesariamente derivados de las obligaciones que surgen a raíz del Real Decreto que tratamos.

Por este motivo, hemos decidido dedicarle atención a la responsabilidad penal del enfermero derivada bien de un incumplimiento del Real Decreto, o bien, de un excesivo celo en su cumplimiento, y no tratar la responsabilidad genérica relacionada con la praxis enfermera, dado que esto último podría exceder las intenciones de este estudio, no pudiendo darle la cobertura suficiente a tales aspectos.

Dicho esto, procederemos a analizar, en primer lugar, el posible delito de intrusismo profesional, para luego dedicar un epígrafe al delito de omisión del deber de socorro.

    1. El delito de intrusismo profesional en la enfermería.

Lo dicho en el epígrafe anterior es una válida introducción para este. El delito de intrusismo profesional, como hemos referido, está reconocido en el Código Penal español de 2015, en su artículo 403, que reza:

1. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.

2. Se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido.

b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.

Para desarrollar el contenido de este tipo penal es ilustrativo acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1999 que vino a reconocer que lo que se pretende proteger con este precepto no es tanto el hecho de proteger a un determinado grupo de profesionales, sino, por contra, el interés público de que ciertas actividades, como puede ser el ejercicio de la medicina, solo se realicen por aquellos que tienen la necesaria titulación y la capacidad técnica suficiente para ello. En este sentido, el engranaje que vendrá a unir la posibilidad de llevar a cabo ciertas actividades propias del ámbito sanitario con la exclusiva habilidad técnica reconocida por el Estado es, precisamente, en estos momento, el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, que estamos analizando en este estudio.

En efecto, como hemos visto en apartados anteriores, este Real Decreto viene a ofrecer dos escenarios claramente definidos, aquellos relacionados con el uso e indicación de los medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, y, en segundo lugar, en referido al uso y dispensación de los medicamentos que sí están sujetos a prescripción médica y que determina la exclusividad del facultativo prescriptor -médico, odontólogo o podólogo- a la hora de su prescripción y receta, de tal manera que, acudiendo al bien jurídico protegido, cabría esperar que, con este tipo penal en la mano, el incumplimiento de un enfermero del referido Real Decreto podría estar posicionándolo en la senda de este tipo penal. Sin embargo, es necesario recordar lo dicho anteriormente en relación al principio de mínima intervención del derecho penal y el principio de tipicidad. Por lo que, un mero incumplimiento de dicho Real Decreto no debe ser tenido, ni por mucho, como una acción típica que conlleve un reproche penal, en virtud del artículo 403 que estamos comentando. Dicho en otras palabras, no todas las violaciones del Real Decreto 954/2015 deben ser consideradas como delitos, ni mucho menos. Todo dependerá de si los actos llevados a cabo por el enfermero son típicos penalmente, y si suponen o no su intrusismo en actos que exceden de la actuación enfermera por serle propios a otras profesiones sanitarias.

En este sentido, si atendemos a los elementos del tipo y a la jurisprudencia en torno a este artículo podremos encontrar alguna luz al respecto. Así, como adelantamos en el epígrafe anterior, para que una conducta sea típica es necesario que existan los siguientes elementos:

    • que se ejerzan los actos propios de una profesión.
    • que se ejerzan, además, sin poseer el correspondiente título académico, expedido o reconocido en España;

o bien,

    • que se desarrolle una profesión
    • y que se haga, además, sin el título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilitante legalmente para su ejercicio.

Analizando estos elementos se hace necesario definir qué se debe entender, entonces, por “actos propios de una profesión”, “título académico” y “título oficial”. La respuesta la encontramos en la jurisprudencia

Así, en relación con los “actos propios de una profesión” el Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de enero de 2002, vino a determinar que para que exista el delito “basta con la ejecución indebida de un acto propio”, es decir, un acto que el ordenamiento jurídico haya reservado para las personas que han obtenido un determinado título. Sin embargo, esta reserva no siempre tiene un carácter excluyente, dado que existen actividades que pueden caer dentro de la órbita de varias titulaciones.

Hemos podido comprobar cómo el Real Decreto 954/2015 determina la existencia de excepciones en la limitación que impone, en relación con el uso y dispensación de medicamentos que no estén sujetos a prescripción médica, dado que es posible que los enfermeros puedan hacer uso de los mismos, previa superación de determinados bloques formativos, debiendo refozar -o por decir mejor, repetir- la misma formación obtenida durante el grado con posterioridad a este, en un curso de 180 horas.

Lo cierto es que tanto el Código Penal como la Jurisprudencia hablan en todo momento de títulos académicos y habilitantes. Sería posible abrir un debate en torno a si la existencia de un título habilitante de estas características -un título de grado universitario- sería suficiente para poder desarrollar determinados actos; y sin violentar la obligación habida en un Real Decreto de repetir la formación adquirida durante dicho grado universitario, podría tener entidad suficiente para considerarse que se están cumpliendo los elementos del tipo y, por ende, incurriendo en un delito de intrusismo profesional, a la hora de recomendar, prescribir o, incluso, hacer uso de medicamentos sin prescripción médica y productos sanitarios. Para ello acudamos nuevamente a la jurisprudencia del alto Tribunal, que vino a establecer, en sus sentencias de fecha 15 de julio de 1997, 21 de enero de 1999 y 30 de diciembre de 2002 que, por “título universitario” se debe entender el impartido en un “centro universitario público o privado reconocido” (esto es, diplomaturas, licenciaturas, doctorados o, por analogía, hoy en día grados), “siempre que su obtención sea imprescindible para el ejercicio de la profesión usurpada”; y, por “título oficial” se debe entender “cualquier otro título reconocido por el Estado que habilite para el ejercicio de una profesión”.

Sin embargo, este último inciso nos devuelve al punto de partida inicial, en el preciso momento en que deberíamos determinar si el uso y la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica son o no actos propios de la profesión médica, y si un curso de 180 horas se debe considerar o no como un título que habilita para el ejercicio de una profesión. Parece claro que la respuesta debería ser negativa, toda vez que lo que realmente habilita para el ejercicio de una profesión es el título universitario de rigor, según la normativa nacional e internacional, y no un curso de complemento. Y ello, por cuanto es innegable que el enfermero, una vez terminada la carrera y colegiado puede ejercer sin duda alguna su profesión. Por lo tanto, cabría defender que los cursos de formación previstos en el Real Decreto 954/2015 no podrían ser considerados, según lo establecido jurisprudencialmente, como título que habilite para el ejercicio de la profesión en cuanto tal, sino exclusivamente para poder desarrollar determinadas tareas dentro de la misma.

Y es que, a este respecto, el debate que se abre debería enfrentar, necesariamente, por un lado a lo determinado por la ley positiva, esto es, lo que establece el Real Decreto 954/2015, que viene a otorgar una evidente exclusividad a dichos actos a los enfermeros acreditados, dejando fuera al resto de los enfermeros; y por el otro, a la práctica que determina lo que ha sido históricamente la función de la enfermería en España en los últimos años y que ha definido en gran medida el contenido de la función del enfermero.

En cualquier caso, no sería descabellado, en absoluto y a pesar de todo ello, que se pudieran instruir procedimientos penales contra enfermeros no acreditados por el incumplimiento de lo establecido en el Real Decreto, en relación con el uso e indicación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios, toda vez que, de una u otra manera podría ser considerado suficiente indicio el hecho de que un enfermero se arrogue funciones específicas propias, a raíz del referido Real Decreto, de otros profesionales de la enfermería sí acreditados, a la hora de utilizar medicamentos no sujetos a prescripción médica o productos sanitarios. Sin embargo, es dudosa la prosperidad de dicho planteamiento, dado que, atendiendo nuevamente al principio de tipicidad nombrado anteriormente, el enfermero titulado lo es por un título académico reconocido en España, siendo en todo caso, la habilitación reconocida en Real Decreto una acreditación para desplegar los efectos administrativos previstos, pero, en ningún caso, un requisito académico supletorio para el desempeño de la profesión enfermera. En otras palabras, podríamos encontrar un ejemplo análogo en la figura de la abogacía en relación con el turno de oficio.

En efecto, reconocer que un enfermero no acreditado estaría incurriendo en un posible delito de intrusismo profesional, por el mero hecho de incumplir lo establecido en el Real Decreto 954/2015, en relación con los medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios que estamos comentando, sería tanto como tener que reconocer intrusismo en la labor de un abogado que, estando colegiado -como también lo está el enfermero- no ha sido habilitado para ejercer como abogado de oficio y, sin embargo, así lo hace por sustitución de otro compañero. No estamos, en ninguno de los dos casos, ante una situación en la que una persona se irroga las funciones de una profesión ajena sin tener los estudios académicos necesarios para ello, ni estar colegiado en el correspondiente colegio profesional, sino que estaríamos en un escenario distinto, en el que un profesional, convenientemente capacitado académicamente y con la autorización suficiente para ejercer la profesión, lleva a cabo funciones que no le son reconocidas por no cumplir con las circunstancias establecidas en una normativa específica. Lo que, con independencia de que pudiera tratarse, sin duda alguna, de un ilícito administrativo, o incluso deontológico, con las consecuencias que ello pudiera conllevar, no supone necesariamente la existencia de un delito, en virtud del principio de mínima intervención del derecho penal, y del principio de tipicidad.

Distinta lectura debería tener, sin embargo, el escenario propuesto para el caso del uso y la indicación de los medicamentos sujetos a prescripción médica, ya que, a pesar de que hasta la entrada en vigor del Real Decreto 954/2015, existía a este respecto una situación de cierto vacío legal en relación con la profesión enfermera, tal y como hemos visto, lo cierto es que será esta norma la que determine que el uso y dispensación de los mismos son expresamente actos propios de médicos, podólogos y odontólogos, quedando excluidos todos los enfermeros, tanto acreditados como no, limitándose su actuación en relación a estos medicamentos, a una delegación de configuración legal, con los requisitos reconocidos en el artículo 3, esto es: la existencia de un protocolo o una guía de práctica clínica o asistencial, establecida en forma legal. Y será en este escenario en el que podrían darse los elementos del tipo penal del artículo 403, esto es: que se ejerzan los actos propios de una profesión, y que, además,  se ejerzan, sin poseer el correspondiente título académico, expedido o reconocido en España -es decir, sin ser médico, odontólogo o podólogo-.

    1. El delito de omisión del deber de socorro en la enfermería.

El título IX del libro II del Código Penal español, denominado “de la omisión del deber de socorro” está compuesto únicamente por el artículo 195 y el artículo 196. El primero de ellos establece un tipo penal relacionado con la obligación que tiene cualquier ciudadano de socorrer a quien esté desamparado y en peligro manifiesto y grave. Es lo que ha dado en llamarse “omisión pura”, y obliga por igual a todos los ciudadanos con independencia de su profesión o su rol social. El segundo, sin embargo, reconoce la responsabilidad penal específica de aquellas personas cuya función, rol social o profesión les obliga a dar asistencia o servicios sanitarios a aquellas personas en grave riesgo para la salud. En este segundo grupo se encuentran los enfermeros, siendo denominada doctrinalmente dicha responsabilidad como “comisión por omisión”.

Será esta responsabilidad como garante, la que afecte directamente a los profesionales sanitarios, y, en concreto para lo que nos ocupa, al enfermero en su profesión, quedando relacionada entonces su autoría especificada en el artículo 11 del Código Penal, que establece que:

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación.

Estando equiparada, entonces la omisión a la acción en los casos en que “exista una específica obligación legal o contractual de actuar”, como es el caso de las profesiones sanitarias y, entre ellas, desde luego, la enfermería.

En este sentido, y volviendo al artículo 196 del Código Penal, los elementos del tipo del delito descrito serían cuatro:

1-. Ser profesional sanitario.

2.- que exista un incumplimiento de sus obligaciones específicas.

3.- que dicho profesional deniegue la asistencia sanitaria o abandone los servicios sanitarios.

4.- y que ello genere un riesgo grave para la salud de las personas.

En este orden de cosas, será necesario entonces deteminar cuales son las obligaciones específicas del enfermero en cada momento, y para ello sí es necesario acudir a lo establecido en el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre. Y ello, en virtud del principio in dubio pro reo, es decir, el principio general del derecho que establece que en caso de existir duda en la aplicación del derecho penal, siempre se hará de la manera más favorable al reo. En este caso, es posible que el enfermero pueda estar protegido por la existencia de un Real Decreto que establece que no tiene la habilitación suficiente para poder administrar determinados fármacos o usar determinados productos sanitarios por no estar acreditado, o que no tiene acceso al uso y administración de los medicamentos sujetos a prescripción médica bien sea por no tener la indicación del facultativo prescriptor, bien por no existir un protocolo o una guía de práctica clínica o asistencial configurada conforme a la ley, siendo de exclusiva responsabilidad del médico los efectos nocivos que para el paciente pueden desplegarse de no ser administrados o usados en el momento en que son necesarios.

En efecto, a modo de ejemplo, en caso de una parada cardiorespiratoria, en la que antes de la entrada en vigor del Real Decreto el enfermero no acreditado debía actuar conforme a los protocolos establecidos para la RCP, administrando, sin necesidad de orden médica por escrito -con independencia de la posterior regularización- fármacos como la adrenalina, el oxígeno a alto flujo, la atropina y la amiodarona, con el nuevo escenario planteado por el Real Decreto, la responsabilidad es exclusivamente del médico que debe pautar los medicamentos que deben ser administrados en cada momento.

El problema, sin embargo, surgiría en el caso en que no se pueda tener acceso a un médico de manera inmediata. Hasta el momento anterior a la entrada en vigor del Real Decreto, los enfermeros se veían protegidos de alguna manera alegando la existencia de la figura del “estado de necesidad” reconocido en el artículo 20 apartado 5º) que establece que está exento de responsabilidad penal:

El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: Primero.- Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, Segundo.- Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, Tercero.- Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

En otras palabras, en caso de peligro de muerte, y teniendo como trasfondo lo dicho en relación con el posible delito de la comisión por omisión del artículo 196, un enfermero se podría ver amparado, tras la aprobación del Real Decreto, por este estado de necesidad que le eximiría de cualquier tipo de responsabilidad penal, para el caso de que aunque su actuación fuera antijurídica, por efecto de la aprobación del Real Decreto, estaría justificada por la salvaguarda de un bien jurídico superior como es el derecho a la vida del paciente.

Distinto sería, sin embargo, el debate en torno a la ética de dicha exención de responsabilidad, teniendo en cuenta, entre otros, el artículo 16 del Código Deontológico de la Enfermería Española, que viene a recordar que la vida es un derecho fundamental del ser humano, impidiendo que dicho profesional lleve a cabo acciones que puedan producir un menoscabo o la destrucción de la misma. A este respecto, debemos entender, como se ha ido haciendo, la omisión como una comisión por inacción que debería encuadrarse dentro de dichas acciones. Sin embargo, es cierto que el artículo 62 del mismo texto legal establece la obligación de respetar las funciones específicas de los profesionales con quienes coopera, debiendo respetar, además, ex artículo 63, “las respectivas áreas de competencia”, pero también lo es que ello deber ser así sin detrimento de “su propia autonomía personal”. El conflicto, entonces, se plantearía en la frontera entre la obligación de velar por la vida del paciente, reconocida como un derecho humano, y la de respetar las funciones específicas del resto de profesionales con los que coopera -delimitada por el RD 954/2015-, en aquellos casos en los que la vida del paciente se podría ver en peligro. Con todo lo dicho hasta este momento cabría concluir, entonces, que existiendo como existe una previsión legal de exención de responsabilidad penal por razón de la existencia de un estado de necesidad, y, teniendo en cuenta, además, el espíritu del la normativa en materia de deontología profesional, en este caso excepcional el enfermero debería darle prioridad a la vida del paciente, entendido la vida del paciente como un bien jurídico superior al protegido por el artículo 403 del CP, sobre el intrusismo profesional, es decir, la potestad exclusiva del Estado de conceder títulos habilitantes para el desempeño, en este caso, de la profesión de medicina, podología u odontología.

Ahora bien, se podría plantear entonces la duda de ¿qué sucede en aquellos casos en que la administración de un fármaco o el uso de un producto sanitario no estuviese encaminado a salvar la vida del paciente o evitarle un grave perjuicio? Es decir, en aquellos casos en que el enfermero siga llevando a cabo lo que, hasta la entrada en vigor del Real Decreto había sido parte de sus funciones normales, como puede ser la aplicación de povidona yodada en una herida, el uso de alcohol para la desinfección previa a la administración de un fármaco por vía intramuscular, la administración de oxígeno en caso de una dificultad respiratoria, el uso de parches farmacológicos para el tratamiento de úlceras por presión, o su prevención con sustancias hiperoxigenadas, o un lavado ocular con suero fisiológico, por nombrar algunos ejemplos. En estos casos descritos, y otros análogos, habría que hacer una distinción entre si se trata, por un lado, de usar productos sanitarios o administrar medicamentos no sujetos a prescripción médica, por medio de un enfermero acreditado (en cuyo caso, como hemos visto, estaríamos ante un mero ilícito administrativo, sin cabida en el orden penal); y, por otro, aquellos casos en que el enfermero indique o administre un fármaco sujeto a prescripción médica, como ha venido sucediendo en la práctica en determinados y abundantísimos ámbitos como hemos visto a lo largo de este trabajo.

En este último caso el enfermero no podrá verse amparado por un estado de necesidad, al no existir un riesgo sobre la vida del paciente, pero tampoco se debería ver obligado a llevar a cabo la asistencia por la exigencia del artículo 196 CP, debiendo, en todo caso, estar acreditado y depender de una orden por escrito del médico y de la existencia de un protocolo o guía de práctica asistencial válida legalmente para poder proceder, so pena de poder estar incurriendo en un delito de intrusismo profesional.

 

BIBLIOGRAFÍA

Blanco Lozano, C. (2003), Derecho Penal, Parte General. Madrid. Editorial La Ley.

Blanco Varela, F. J. (2013). La prescripción enfermera. Valladolid, Escuela Universitaria de Enfermería.

Carrara, F. (1997). Derecho Penal. México. Editorial Harla.

Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (COIB). (2006). Borrador de propuesta de regulación legal para la prescripción enfermera. Barcelona. COIB.

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. (2005). Prescripción enfermera. Análisis de situación y acciones a emprender. Madrid. CGCOEE.

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. (2007). Estudio sobre la prescripción enfermera en España: listado de medicamentos y productos sanitarios prescritos por las enfermeras en España. Madrid. CGCOEE.

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. (2007). Listado de medicamentos y productos sanitarios prescritos por las enfermeras en España. Madrid. CGCOEE.

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Marco referencial para la prescripción enfermera,documento base. [En línea]. Disponible en < http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0151.pdf>. [Consultado el 11/11/2017].

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Preguntas más frecuentes sobre prescripción enfermera. Madrid. CGCOEE.

Enciclopedia Jurídica. (2014). [En línea]. Disponible en: <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-de-necesidad/estado-de-necesidad.htm>. [Consultado el 11/11/2017].

Engisch, K. (1967). Introducción al pensamiento Jurídico, traducción de Ernesto Garzón Valdés, Guadarrama, Madrid. Comares.

González Jurado, M., Aznar Marcén, V. Carta a los enfermeros. (2015). Madrid. CGCOEE.

Grisanti, H. (2000). Lecciones de Derecho Penal. Caracas. Vadell Hermanos Editores.

Landecho Velasco, C. M., Molina Blázquez, C. (1996). Derecho Penal Español parte general. Madrid.Tecnos.

Navas Corona, A. (2003). Tipicidad y derecho penal, Bucaramanga. Editorial Sic.

JURISPRUDENCIA

STS de 15 de julio de 1997.

STS de 21 de enero de 1999.

STS de 29 de septiembre de 1999.

STS de 22 de enero de 2002.

STS de 30 de diciembre de 2002.

LEGISLACIÓN

Acuerdo Marco de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejor General de Colegios Oficiales de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE. 2013.

Decreto 307/2009, de 21 de julio, por el que se define la actuación de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario de Andalucía.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. (Derogada).

Ley 28/2009, de 30 de diciembre de modificación de la Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Ley 44/2003, de 21 de diciembre, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, modificada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Real Decreto 954/2015, de 23 de febrero, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

 

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